La calidad y efectividad de la Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.
Hay evidencia que muestra que el progreso de un país se relaciona con las capacidades para asegurar gobernabilidad y gobernanza, hoy mejor democráticas. Entre ellas, la calidad y efectividad de su Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.
Ellas son resultado en gran medida, del trabajo íntegro, competente, austero y comprometido de ciudadanos que optan laboralmente por servir a sus conciudadanos.
Sus acciones contribuyen también a desplegar la República en un Estado de Derecho pues hoy no se concibe a éste, sin una burocracia bajo los principios del mérito (Carta Iberoamericana de la Función Pública).
Ellos contribuyen al diseño y aplicación de las políticas de los gobiernos, brindan servicios, construyen, mantienen y/o aseguran recursos, regulaciones, bienes y acciones públicas que, como capital acumulado por la sociedad, trascienden los períodos gubernamentales. En su accionar, deben asegurar la aplicación estricta de la legalidad de modo imparcial y competente. No hay posibilidad, ni debería permitírsela, que tengan preferencias indebidas a unos en detrimento de otros pues todos somos iguales ante la ley y con derechos y responsabilidades equivalentes. Pueden y deben jugar, además, papel clave en la lucha contra la corrupción y la captura corporativa que recorren al mundo entero.
El Estado y sus gobiernos serán tanto más capaces de servir con efectividad a los argentinos, cuánto mejor cuenten con trabajadores con esos valores y competencias laborales, así como con garantías que promuevan convivencia basada en la legalidad, imparcialidad e igualdad en el ejercicio de sus funciones.
En esto, el Estado debe ser empleador ejemplar según principios de trabajo digno y decente, exigibles para todos, y responsabilidad primaria de sus gobernantes. Y más significativamente, por el concurso de las fuerzas políticas, económicas, gremiales y sociales.
La Administración Pública es ámbito de gestión cotidiana de los valores, recursos, intereses, normas y acciones que expresan a todos. Por eso pertenencia, problemática y responsabilidad de todos, incluyendo a sus trabajadores y a la negociación colectiva.
Si bien Argentina viene dotándose en los últimos 30 años, de instrumentos legales y políticas más o menos exitosas, para cumplir con estos ideales consagrados en la Constitución de 1957 y ampliados en la de 1994, ello ha sido de manera despareja en los distintos Poderes y Niveles de Gobierno.
Ciudadanos al servicio de los ciudadanos
Ciudadanos al servicio de los ciudadanos
Ciudadanos al servicio de los ciudadanos
La calidad y efectividad de la Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.
Hay evidencia que muestra que el progreso de un país se relaciona con las capacidades para asegurar gobernabilidad y gobernanza, hoy mejor democráticas. Entre ellas, la calidad y efectividad de su Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.
Ellas son resultado en gran medida, del trabajo íntegro, competente, austero y comprometido de ciudadanos que optan laboralmente por servir a sus conciudadanos.
Sus acciones contribuyen también a desplegar la República en un Estado de Derecho pues hoy no se concibe a éste, sin una burocracia bajo los principios del mérito (Carta Iberoamericana de la Función Pública).
Ellos contribuyen al diseño y aplicación de las políticas de los gobiernos, brindan servicios, construyen, mantienen y/o aseguran recursos, regulaciones, bienes y acciones públicas que, como capital acumulado por la sociedad, trascienden los períodos gubernamentales. En su accionar, deben asegurar la aplicación estricta de la legalidad de modo imparcial y competente. No hay posibilidad, ni debería permitírsela, que tengan preferencias indebidas a unos en detrimento de otros pues todos somos iguales ante la ley y con derechos y responsabilidades equivalentes. Pueden y deben jugar, además, papel clave en la lucha contra la corrupción y la captura corporativa que recorren al mundo entero.
El Estado y sus gobiernos serán tanto más capaces de servir con efectividad a los argentinos, cuánto mejor cuenten con trabajadores con esos valores y competencias laborales, así como con garantías que promuevan convivencia basada en la legalidad, imparcialidad e igualdad en el ejercicio de sus funciones.
En esto, el Estado debe ser empleador ejemplar según principios de trabajo digno y decente, exigibles para todos, y responsabilidad primaria de sus gobernantes. Y más significativamente, por el concurso de las fuerzas políticas, económicas, gremiales y sociales.
La Administración Pública es ámbito de gestión cotidiana de los valores, recursos, intereses, normas y acciones que expresan a todos. Por eso pertenencia, problemática y responsabilidad de todos, incluyendo a sus trabajadores y a la negociación colectiva.
Si bien Argentina viene dotándose en los últimos 30 años, de instrumentos legales y políticas más o menos exitosas, para cumplir con estos ideales consagrados en la Constitución de 1957 y ampliados en la de 1994, ello ha sido de manera despareja en los distintos Poderes y Niveles de Gobierno.
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Autor/es: Eduardo Arturo Salas
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