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El Estado presente requiere un servicio civil profesional

La pandemia del coronavirus está generando efectos sin precedentes en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo y por ende, en nuestro país. Son evidentes los reclamos ciudadanos para una presencia activa, solidaria, inteligente, ágil e impoluta del Estado y de la gestión de la Administración Pública.

En Argentina, un nuevo elenco de Gobierno ha debido hacerse cargo de un problema que nos viene de fuera junto con una saga de problemas heredados del reciente -y no tan reciente- pasado. No habían acabado de desembarcar autoridades y consejeros de esa nueva gestión, cuando además de la recesión económica, la vida de los argentinos ha quedado seriamente amenazada con la llegada del virus.

Se observan los esfuerzos titánicos tanto de los equipos de trabajo que auxilian, como de las máximas autoridades ante la emergencia sanitaria. Por su parte, un número importante de funcionarios contribuye desde sus hogares al esfuerzo colectivo de frenar el contagio comunitario, mientras se refuerzan las dotaciones para actividades indispensables, equipos de salud y complementarios ante la posible llegada del embate viral. En las administraciones públicas de todo el país, una buena proporción de su personal, además, trabaja a distancia, adaptándose a esta nueva realidad, para prestar servicios esenciales, asegurando la continuidad de las acciones en áreas críticas.

Ahora bien, en la mayoría de los países se percibe el contundente reclamo por un “Estado Presente” para dar respuesta a esta emergencia sanitaria. Ello ha hecho aflorar la conciencia colectiva sobre una serie de problemáticas de alta complejidad, políticas, sociales, económicas, ecológicas de nivel regional como internacional, que el “mercado” y la competencia entre los poderosos no están siendo capaces de enfrentar, con visión solidaria e inclusiva, de la mayoría de la población.

Para que esas capacidades estatales sean efectivas y legítimas, se requiere contar con una Administración Pública a la altura de tales desafíos. Y ella solo puede ponerse a esa altura, cuando cuenta con una dotación de personal competente en sus tareas, honesto y austero con el uso de los recursos públicos, comprometidos en sus funciones con el respeto a la legalidad como expresión política de su país y a los Gobiernos que lo conducen. Pero, sobre todo involucrados ética, profesional y personalmente con el servicio de calidad que merece el público, quien le da sentido a su trabajo, solventa sus salarios y justifica su existencia. Es que en realidad son ciudadanos al servicio de los demás ciudadanos, es decir portadores de valores, aspiraciones e intereses de todos. A tal punto que algunos de ellos, llegan a arriesgan su salud y la vida en estas difíciles circunstancias del COVID19.

Más allá de las fuerzas armadas y de seguridad, de defensa civil, de los servicios de previsión y atención social, y de sostén de todos ellos, como primeras líneas de servicio contra el virus, existen segundas y terceras líneas de funcionarios que no aparecen, pero están, aportando desde diversos ángulos a la salida eficaz de la emergencia y de la crisis socio económica que habrá que afrontar post-pandemia.

Asimismo, las capacidades del Estado y de su Administración requieren de una infraestructura y de recursos físicos y tecnológicos a la altura de las circunstancias. La digitalización en la sociedad pasó a ser indispensable para que el mundo continúe su marcha. La población también es testigo que las inversiones en modernizar tecnológicamente algunas áreas en las últimas décadas está dando sus frutos. La vinculación tecnológica aportó mucho en las diferentes gestiones.

El proceso de transformación digital del sector público está mostrando agilidad en respuestas rápidamente. Un caso reciente es la app de autoevaluación de síntomas de Coronavirus COVID-19. Esta innovadora aplicación para dispositivos móviles permite a las personas realizar un auto test del coronavirus, y conocer novedades sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar sus efectos. También, el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) – Covid-19 se obtiene en línea y, en la web de la Anses, se logra efectivamente la inscripción y validación para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) depara trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud, se implementó una serie de medidas para fortalecer al personal, incorporando más de 15.000 profesionales a los que se los capacita y monitorea a través de un sistema de telemedicina para afrontar el crecimiento de casos de coronavirus. Mediante el mismo, expertos de la “Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”, supervisan los 800 centros de terapia intensiva del país para discutir cada caso, con los profesionales que las atienden localmente.

De allí que haya que cuidar muy especialmente, y más en las urgencias del presente, una imagen del servicio público preservada de los “mantos de sospechas”. Ya que, bajo ese “manto”, se mezcla indebidamente a culpables e inocentes tirando por la borda las conductas que hoy merecen aplausos, así como todos los esfuerzos de innovación que se van introduciendo en la gestión. Ese valor público queda fuera de alcance, comprensión y valoración social, y se continúa alimentando un malestar colectivo, aunque silenciado en alguna medida en escenarios de crisis como los actuales. Sin tener una mirada ingenua, creemos que esto obliga a reflexionar sobre el trabajo estatal para valorar y visibilizar diferentes tipos de saberes construidos desde y sobre lo público, localizables en organizaciones estatales de alto impacto en nuestras calidades de vida. Ellas junto a organizaciones de la sociedad civil se complementan, y se deben complementar, para beneficio de todos.

Las organizaciones públicas no son eslabones perdidos ni abstracciones sin nombres ni apellidos. Por el contrario, son habitadas y actuadas por personas con trayectorias y prácticas diversas en las que se articulan desempeños competentes y meritorios, con recorridos formativos y de gestión, que sostienen las múltiples actividades que requiere el país. De allí que sea imperioso ir proyectando y acordando regímenes de empleo público y de carrera y profesionalización de funcionarios con un elevado compromiso ético y alta especialización profesional.

En este sentido, se va haciendo cada vez más evidente la necesidad de una colaboración abierta para que las administraciones cuenten con herramientas y apoyo de carácter tecnológico para facilitar el desempeño de sus funciones. Así, por caso, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, establece que las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional en sus diversas modalidades de contratación, no deben concurrir a sus lugares de trabajo, pero deben realizar sus tareas, en lo posible, donde cumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El teletrabajo ya había llegado pero ahora ha irrumpido en una dimensión e intensidad insospechada y no debidamente prevista. Se carece aún de un instrumento jurídico específicamente redactado para ello, así como de condiciones y equipamiento necesario, el que se está supliendo con la dedicación y entrega de cada empleado público afectado con las herramientas que cuenta a nivel personal.

De ello se deriva, que resulta impostergable capacitar y certificar competencias en teletrabajo con miras a fortalecer las capacidades de los gobiernos y de las administraciones. Pero esta cuestión es solo un indicio de la profunda innovación tecnológica pendiente.

No hay más tiempo ni espacio para la improvisación. Necesitamos un servicio civil profesional, el que es -y debe ser- una institución y un patrimonio de la sociedad toda. Cuya reconfiguración es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores gremiales, empresarios, académicos, dirigentes, entre otros, que hacen a la gobernabilidad y gobernanza democráticas del país.

Así, pareciera necesario establecer una “red nacional con acuerdo federal”, para contribuir a la coordinación de acciones mancomunadas de instituciones tecnológicas, centros de gestión, escuelas de Administración Pública en todos los Poderes y niveles de Gobierno, y del sistema universitario para asegurar que todo funcionario, y en todo el país, cuente con la capacitación que requiera sus tareas.

Pero también, con regímenes de empleo dignos y decentes que aseguren la idoneidad permanentemente actualizada, y la acreditación de desempeños laborales efectivos, como criterios de promoción, en contextos laborales que luzcan trabajos dignos y decentes. Si bien en la actualidad existen esfuerzos e iniciativas puntuales tendientes para mejorar la formación en términos de calidad y eficiencia, resulta necesario coordinar las mismas de manera integral, a efectos de generar la necesaria articulación para aprovechar la sinergia resultante de esfuerzos conjuntos.

Estas cuestiones deben articularse con desarrollos tecnológicos apropiados para potenciar una gestión estatal eficaz, focalizada en el bien común y el servicio al ciudadano. En ellas, cabe resaltar la importancia de revalorizar a las unidades de vinculación tecnológica en el país.

Ellas son entidades habilitadas jurídicamente para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, para la transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante la facilitación del encuentro del sector privado y público en los esfuerzos de mejorar sus respectivas organizaciones, instrumentar proyectos y realizar trabajos sistemáticos de profundización de los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica.

Cuando el tiempo diga que la pandemia se encuentra en retirada, se iniciará el momento en el que la sociedad tendrá que explorar y acordar cuales son los cambios institucionales necesarios para la constitución robusta de una función pública profesional para el conjunto del Estado. Se deberá atender especialmente a la construcción de consensos entre los diversos actores concernidos para materializar una política sostenible para consolidar esa realidad que hoy nos atiende mientras permanecemos en nuestros hogares. En el entretanto, vale iniciar el ciclo de propuestas, proyecciones y diálogos, para que el día D+1 nos encuentre suficientemente preparados. Una vez más, lo importante es no demorar más e ir a lo concreto.

Eduardo Salas es Docente Universitario y miembro de la Argentina de Estudios de Administración Pública. Firma también esta nota Fabián Ruocco, presidente ejecutivo del Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica ). Unidad de Vinculación Tecnológica.

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La confianza de los ciudadanos en sus gobiernos está en crisis

La confianza de los ciudadanos en sus gobiernos está en crisis

Para recuperar la valoración positiva, las administraciones deben atender la exigencia social de apertura, participación cívica y rendición de cuentas.

Un reciente libro llamó mi atención desde su título: Good Enough for Government Work. Algo así como “suficientemente bueno por tratarse de un producto o una tarea realizados por el gobierno”, dando a entender que si ese era su origen, no podía esperarse nada mucho mejor. El subtítulo, que traduzco libremente, corroboraba su sentido crítico: “la crisis de la reputación pública en los Estados Unidos”. Según el libro, la enorme mayoría de los ciudadanos de ese país tiene una percepción muy negativa del gobierno y considera que es despilfarrador, ineficiente y poco apto para administrar programas y proveer de servicios públicos.

Curiosamente, el título del libro corresponde a una vieja expresión que, con el tiempo, adquirió un sentido inverso al original. Durante la Segunda Guerra Mundial, la frase no solo no tenía un sentido derogatorio, sino que representaba el alto grado de excelencia establecido por la mayoría de los niveles de gobierno, especialmente en la producción militar para la guerra. Además, trabajar para el gobierno suponía tener una profesión muy prestigiosa y la confianza en su desempeño era un valor socialmente compartido. Con el tiempo, ese prestigio y esa confianza se fueron desvaneciendo, cosa que el mencionado libro trata de explicar.

El principal argumento de su autora, Amy E. Lerman, es que, además de tratar de mejorar su eficiencia y eficacia, el gobierno tiene una tarea crítica: desterrar la creencia de que el sector público está atascado en su incompetencia. Advierte que las percepciones negativas son altamente resistentes al cambio, porque tendemos a percibir el mundo de modo tal que se confirman nuestros estereotipos negativos sobre el gobierno, aun frente a nueva información en contrario. Y entonces suele ocurrir que aquellos que optan por servicios privados (educativos, de salud, de seguridad), terminan favoreciendo la reducción de la calidad objetiva de las prestaciones públicas. Así, las creencias ciudadanas sobre la calidad del gobierno se convierten, rápidamente, en profecía autocumplida.

No creo que este sea el principal problema. Desde la época del presidente Kennedy, en que la confianza en el gobierno se ubicaba en un 80%, hasta el actual nivel de apenas un 20%, la caída ha sido dramática. Años atrás, analicé en mi libro Gobernar el imperio: los tiempos de Bush, algunas de las falencias y excesos del gobierno estadounidense. Observé la menguante vocación de las nuevas generaciones por convertirse en funcionarios estatales. Comprobé la desmedida privatización de servicios mediante la contratación de empresas altamente concentradas, cuya dotación agregada era incluso superior a la del gobierno federal. Registré que el estado de California encerraba más prisioneros que Francia, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Holanda y Singapur juntos, y que muchas de sus cárceles eran privadas. Me enteré de que los grupos de presión gastaban 7 millones de dólares por día en intentar orientar las políticas gubernamentales en beneficio de sus miembros; o de que solo en 2005, el Pentágono envió a 36.000 militares y personal civil a participar en 6600 conferencias en el mundo, a un costo de casi 80 millones de dólares.

No es fácil contrarrestar con la prédica el deletéreo efecto combinado que estos y otros procesos generan en la opinión pública, ni lo resuelve el marketing político o una feliz estrategia comunicacional. Para colmo, la instalación de esta visión negativa en la percepción ciudadana impide descubrir los bolsones de excelencia que, sin duda, existen tanto en el sector público de EE.UU. como en el de los de los países del mundo menos desarrollado.

En América Latina y el Caribe, el 75% de los ciudadanos reconoce tener poca o ninguna confianza en el gobierno. A pesar de los enormes progresos en la digitalización del sector público, todavía se necesitan invertir más de 5 horas para completar un trámite con la administración pública, con extremos de 2 horas en Chile y 11 en Bolivia. Un 30% de los latinoamericanos admite haber pagado un soborno para acceder a un servicio público. Sobre todo la gente de menores ingresos, que es la que más evita hacer un trámite. Mientras el 42% de las personas con estudios universitarios hace al menos un trámite al año, solo lo hace en promedio el 16% de la población, lo que invita a pensar que los programas públicos pueden no llegar a todos los potenciales beneficiarios.

Si bien la visión ciudadana acerca de sus gobiernos se forja, en parte, en los contactos que cada individuo establece como usuario de servicios, contribuyente o votante, muchos otros factores al margen de un pobre desempeño institucional, también contribuyen a construir una negativa imagen colectiva: shocks de alto impacto global, extrema polarización política, creciente desigualdad o declinante movilidad social. El deterioro de la economía es, también, un factor coadyuvante. Según datos del Latinobarómetro, entre 2009, cuando aún se vivía el boom económico, y 2018, año de crisis, los niveles de aprobación gubernamental en la región cayeron de un 60% a un 32%.

Se aduce que confiar en el gobierno es en el propio interés ciudadano, porque cuanto mayor es la confianza, mayor la disposición a invertir y gastar, que es lo que mueve la economía. También promueve una conducta fiscal honesta y un cumplimiento más estricto de las normas. Pero todo indica que esa confianza está en crisis en todas partes y los gobiernos han sido en buena medida responsables de esa debacle. La desconfianza ciudadana supone vulnerabilidad personal frente a la incertidumbre acerca del futuro comportamiento gubernamental. No hay certezas y, por lo tanto, es lógico esperar que la desconfianza aumente.

Confiar en el gobierno es apostar a que sus futuras acciones faciliten y mejoren nuestro vínculo con sus instituciones; a recibir mejores servicios y prestaciones y a que promuevan el bienestar colectivo. Pero esa confianza no puede ser solo un reflejo pasivo de lo que decida hacer el gobierno para generarla. En la era de la información y las redes sociales, la ciudadanía se está convirtiendo en protagonista frente a su agente, el gobierno, para exigirle de mil formas -sobre todo a través de la movilización social- que haga lo necesario para merecer su confianza,.

Las protestas ocurridas en Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia y Haití, además de las registradas antes en Honduras, Perú, Venezuela y Nicaragua -sin importar el signo político del gobierno-, hablan a las claras de que la ciudadanía dejó de ser una masa pasiva y manipulable. Sea por la creciente desigualdad, por la escasez, por la corrupción o los abusos del poder, la sociedad civil reclama a sus gobiernos por la falta de adecuada respuesta a sus demandas. “Sorprende que el malestar tardara tanto en manifestarse”, opinó Joseph Stiglitz. Y todo augura que ese clima de hastío frente a la inequidad, el subdesarrollo y la ingobernabilidad se disipará solo cuando los gobiernos comprendan que la exigencia de apertura, participación cívica y rendición de cuentas, propia de una sociedad abierta y democrática, no es una moda propiciada por los académicos, sino una filosofía de gestión pública que deberán adoptar y respetar; y que la movilización ciudadana y la acción de sus organizaciones sociales llegaron para quedarse.

El día que los gobiernos lo comprendan y actúen en consecuencia la frase “suficientemente bueno por tratarse de un producto o una tarea realizados por el gobierno” probablemente recuperará su sentido primitivo.

Investigador superior del Conicet y de Cedes

Por: Oscar Oszlak

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Empleados y servidores públicos

Empleados y servidores públicos

Una vez más llamamos la atención de la opinión pública sobre situaciones laborales en las que se desempeñan numerosos empleados públicos y de las consecuencias, muchas veces nefastas, que ellas traen aparejado no sólo para esos mismos trabajadores, sino para la ciudadanía en general y aún para los gobernantes de turno.

El accidente que cobró la vida de la inspectora de tránsito Cinthia Choque en septiembre último en la Ciudad de Buenos Aires, permitió iluminar las condiciones contractuales transitorias en las que se desenvuelve un porcentaje muy significativo de los integrantes de ese colectivo laboral.

Una vez más es necesario reiterar que estos funcionarios son ciudadanos al servicio de los demás, lo cual conlleva la necesidad de reconocer plenamente sus derechos como tales y como trabajadores, como así también de exigirles las consiguientes responsabilidades y obligaciones por su buen desempeño público. Estas condiciones no se dan solo en esta Ciudad, pues es fácilmente constatable que se dan en la mayoría de las Administraciones, aún de diferente signo partidario.

En este sentido, un grupo importante de profesionales, especialistas y dirigentes de las más diversas orientaciones y sectores venimos impulsando un Consenso para una función pública profesional, para la Argentina del siglo XXI (https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica), buscando anticipar, prevenir y resolver de una vez, estas cuestiones tanto a nivel nacional como provincial o municipal, y en todos los órganos de los distintos Poderes de los Estados. Entre otras, llamamos la atención sobre la necesidad de asegurar dotaciones de personal estatal adecuadas y sostenibles fiscalmente, y de reducir o eliminar formas de contratación temporarias en casos que, como en el que entristece, responde a misiones esenciales, ineludibles y permanentes de la Administración Pública, tal como es la debida inspección del tráfico vehicular.

Para ello, el ingreso a esos empleos permanentes debe proceder mediante el correspondiente proceso de concurso abierto a la ciudadanía, en condiciones de igualdad de oportunidades y de trato, para demostrar la idoneidad respectiva. Y prohibir, denunciar y/o condenar medidas que suelen ponerse en práctica semanas previas a los cambios de Gobierno, como los llamados “pases a Planta” de manera directa.

Administraciones que mantuvieron a estos trabajadores en condiciones temporarias durante años, se” acuerdan repentinamente” de los derechos de éstos comprometiendo derechos de toda la ciudadanía, y condicionando recursos públicos a las siguientes gestiones. En algunos casos, no solo violando legislación que deberían aplicar sino usando estos “pases” como promesas de campaña.

El caso traído a colación permite ver cómo se incumplen principios básicos: personal con tareas esenciales y permanentes en condiciones de contratación que no comportan relación de dependencia laboral, con todo lo que ella implica, además, en materia de aportes a la seguridad social, la asistencia social, la prevención y asistencia por riesgos y accidentes de trabajo, etc. Pero que, además, puede poner en duda frente a los infractores, su condición de agentes del Estado y, por ende, de su capacidad legal para imponer sanciones o verificar cumplimientos.

Para los gobiernos de turno, ¿qué beneficios les trae mantener en esas condiciones endebles e inseguras a estos ciudadanos? ¿Qué prestigio o simpatía pueden obtener si son incapaces o negligentes a la hora de asegurar trabajos dignos y decentes? Seguramente, ninguno.

Son estas cuestiones de solidaridad ciudadana con esos trabajadores, pero también de la administración de las cosas y normas nuestras, es decir de las de todos, y por eso de Administración Pública, no sólo las de un gobierno. Sin el trabajo competente, austero e involucrado de los miles de trabajadores públicos del país no habrá probabilidades ciertas de efectivas políticas públicas ni de programas de Gobierno exitosos.

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Ciudadanos al servicio de los ciudadanos

Ciudadanos al servicio de los ciudadanos

La calidad y efectividad de la Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.

Hay evidencia que muestra que el progreso de un país se relaciona con las capacidades para asegurar gobernabilidad y gobernanza, hoy mejor democráticas. Entre ellas, la calidad y efectividad de su Administración Pública son cruciales, aunque no únicas.

Ellas son resultado en gran medida, del trabajo íntegro, competente, austero y comprometido de ciudadanos que optan laboralmente por servir a sus conciudadanos.

Sus acciones contribuyen también a desplegar la República en un Estado de Derecho pues hoy no se concibe a éste, sin una burocracia bajo los principios del mérito (Carta Iberoamericana de la Función Pública).

Ellos contribuyen al diseño y aplicación de las políticas de los gobiernos, brindan servicios, construyen, mantienen y/o aseguran recursos, regulaciones, bienes y acciones públicas que, como capital acumulado por la sociedad, trascienden los períodos gubernamentales. En su accionar, deben asegurar la aplicación estricta de la legalidad de modo imparcial y competente. No hay posibilidad, ni debería permitírsela, que tengan preferencias indebidas a unos en detrimento de otros pues todos somos iguales ante la ley y con derechos y responsabilidades equivalentes. Pueden y deben jugar, además, papel clave en la lucha contra la corrupción y la captura corporativa que recorren al mundo entero.

El Estado y sus gobiernos serán tanto más capaces de servir con efectividad a los argentinos, cuánto mejor cuenten con trabajadores con esos valores y competencias laborales, así como con garantías que promuevan convivencia basada en la legalidad, imparcialidad e igualdad en el ejercicio de sus funciones.

En esto, el Estado debe ser empleador ejemplar según principios de trabajo digno y decente, exigibles para todos, y responsabilidad primaria de sus gobernantes. Y más significativamente, por el concurso de las fuerzas políticas, económicas, gremiales y sociales.

La Administración Pública es ámbito de gestión cotidiana de los valores, recursos, intereses, normas y acciones que expresan a todos. Por eso pertenencia, problemática y responsabilidad de todos, incluyendo a sus trabajadores y a la negociación colectiva.

Si bien Argentina viene dotándose en los últimos 30 años, de instrumentos legales y políticas más o menos exitosas, para cumplir con estos ideales consagrados en la Constitución de 1957 y ampliados en la de 1994, ello ha sido de manera despareja en los distintos Poderes y Niveles de Gobierno.

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Por una función pública profesional

Por una función pública profesional

Desde hace algunas décadas, de manera espasmódica –y las más de las veces, con argumentos infundados–, el Estado, su eficacia y su eficiencia, son cuestiones que ganan terreno en la agenda pública. Y preocupan. Sin embargo, las y los que de ello se ocupan en realidad, son los menos.

Mientras los partidos políticos en la oposición a los distintos gobiernos se inmolan en el altar de la necesidad de profesionalizar la función pública, más temprano que tarde se desentienden del asunto cuando les toca gobernar (que es cuando en realidad están en mejores condiciones para hacer algo al respecto).

La razón pareciera ser sencilla: para implementar un plan de gobierno en cuatro años (o para intentarlo al menos), y mantener durante el período el apoyo de los aliados, la designación discrecional de funcionarios suele ser más conducente que la de producir cambios de fondo (cuyos resultados, en general, no van ser disfrutados por quienes los inician). El resultado es que en el fondo nada cambia, y las capacidades del Estado para hacer bien lo que debe hacer, son siempre menores a su potencial. De allí que esperar que las respuestas lleguen desde arriba no es una opción.

Un grupo de académicos argentinos, pero también con trayectoria en distintas esferas del Estado Argentino, nos han propuesto un camino; un camino que es siempre el más arduo, pero es uno que ya no podemos postergar. El camino es el del consenso; el camino es el de la construcción desde el medio (porque en sentido estricto, la construcción no comienza desde abajo) de un conjunto de acuerdos con miras a hacer realidad al Unicornio de la política argentina (entidades de la que todas y todos hablan, pero que nadie ha visto nunca jamás): una política de Estado. “Un servicio civil profesional es una institución y un patrimonio de la sociedad toda, y su preservación es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores que hacen a la gobernabilidad democrática”, reza el documento fundacional de esta invitación al diálogo y a la construcción de acuerdos que ha reunido ya más de 600 firmas entre investigadores, funcionarios nacionales, colegios profesionales, representantes de organizaciones intermedias, referentes de los principales partidos políticos, entre otros.

Países como Francia, Alemania, el Reino Unido o los Estados Unidos dieron inicio a este camino hace ya casi 150 años. Nadie discute que a todo gobierno que arriba al poder le asiste el derecho de nominar un grupo importante de colaboradores en base a criterios de confianza política, de reparto de cuotas de poder con sus aliados, y/o de expertise en el área en que revista. Son los responsables de la gestión política del Estado; los que colaboran con el presidente de manera más directa, para hacer cumplir el Plan de Gobierno que quieren implementar (aunque las más de las veces, sea el que pueden implementar).

PRINCIPIOS

Pero a partir de allí, ciertos principios irrenunciables deben regir la conformación y desarrollo del Servicio Civil, en adelante, válidos para todos los gobiernos: 1) garantizar la equidad en el acceso, 2) construir verdaderas carreras administrativas –ingreso por concurso, capacitación permanente, desempeño mensurable, promoción en escalafón o desvinculación–, 3) planificar estratégicamente la sostenibilidad financiera de la dotación de personal, 4) institucionalizar un régimen de alta dirección –funcionarios de carrera de la más alta jerarquía, inmediatamente debajo de los funcionarios de designación política o basada en la confianza en la estructura estatal– que aseguren la continuidad de las políticas de largo aliento, la memoria institucional, y sujetos al control democrático, 5) cumplir principios de empleo digno y decente, 6) invertir en capacitación y actualización tecnológica permanente, 6) jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública –asegurando su estabilidad y fortaleciendo sus competencias–, 7) institucionalizar el diálogo social permanente para asegurar estos consensos, efectuar su seguimiento y actualización, a través de un Consejo Nacional de la Función Pública como existe en otros países, que no dependa de gobiernos, gremios ni de especialistas.

El documento cierra diciendo: “El país se encuentra en condiciones históricas para decidir la consolidación de una nueva generación de funcionarios públicos para la construcción de un país justo, solidario y desarrollado. Para la gobernabilidad democrática, la función pública es a la vez una cuestión del gobierno y de la sociedad. Por eso compartimos con la ciudadanía en general, así como con las organizaciones sociales, políticas, empresariales, sindicales, confesionales y académicas, estas propuestas concretas e imprescindibles para una política de recomposición de un funcionariado imparcial, íntegro y competente, acorde con lo que merecen los argentinos de su Estado. Invitamos también a sumar ideas, propuestas e iniciativas que hagan posible ir configurando, entre todos, esta política pública”.

(*) Doctor en Ciencia Política. Profesor Titular Ordinario de Administración Pública (Facultad de Trabajo Social, UNER). Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública.

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Para el futuro del Estado se requiere consenso

Para el futuro del Estado se requiere consenso

El momento electoral que ya se está viviendo aparece como una bisagra para el futuro del país. Hay un importante esfuerzo por alcanzar acuerdos, detectar puntos centrales, impulsar temarios consensuados, pero poco se habla de temas concretos que puedan generar una visión compartida de futuro.

Un asunto central -del que se observan pocas acciones estratégicas a pesar de su importancia- remite a la (re) construcción de un servicio civil para el Estado y la administración pública. Serán los funcionarios públicos quienes realmente van a ejecutar las futuras políticas para encarar cambios profundos. La preocupación sobre este tema en la política está vacía.

Marcamos que las propuestas políticas de los candidatos rondan en los tres modelos que presentamos en el libro “El futuro del Estado en Argentina”. Estos son, por un lado, el Dogma Vigente (ortodoxia liberal): su foco es el mercado. El nombre se debe a que, por una parte, tiene un discurso cerrado al cambio y por ello se presenta como incuestionable.

Por otro lado, el Camino Sinuoso (heterodoxia socialdemócrata): este conjunto de ideas pendulares, que fue desarrollado por la socialdemocracia europea a partir del colapso del mundo soviético, plantea reformas y continuidades en lo que hace a la visión liberal tradicional con un eje en la sociedad civil.

Finalmente, el Regreso al Futuro (heterodoxia populista): en este caso, y se caracteriza por resaltar el carácter fundamental del intervencionismo estatal.

El nombre alude al hecho de que la centralidad del Estado en la vida social fue un fenómeno ya conocido en el siglo XX; el oxímoron representa esta vuelta que ya no es al pasado, aunque lo parezca: no se puede volver al pasado, por una parte y, por otra, es posible reaprender de la historia.

Estos modelos plantean enormes diferencias en sus conceptos y valores; pero más allá de ello se pueden observar algunas concordancias para encarar cambios profundos en el Estado y la administración pública.

En este sentido destacamos lo que señaló Guillermo Schweinheim en estas mismas páginas sobre el consenso alcanzado por expertos en torno a una serie de elementos que serían necesarios para lograr una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI.

Concretamente estos principios serían: igualdad y transparencia para los concursos de los funcionarios públicos; construir un servicio civil profesional con acreditación de la idoneidad y el buen desempeño; planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal; institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de carrera; evitar la “discriminación negativa”, en especial en materia de género, y precarización o subcontratación laboral, abierta o encubierta; invertir en capacitación y actualización tecnológica; y jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública.

Hay libertad para creer en el destino, en profecías, en oráculos, pero sabemos que el futuro no aparece dado, sino que se construye con voluntades.

Por eso es tan importante que germine el esfuerzo hecho por especialistas, estudiosos, investigadores, profesionales en el citado consenso, en línea con instruir e institucionalizar políticas públicas para promover acciones concretas que generen una visión compartida sobre el futuro del Estado.

Gustavo Blutman es Doctor en Ciencias Económicas. Profesor titular de Administración Pública (FCE- UBA). Coautor de El futuro del Estado en la Argentina (Fondo Editorial Consejo, 2019

 

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Lectura de consensos para reconstruir la función pública argentina

Lectura de consensos para reconstruir la función pública argentina

El Estado es el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena en la construcción de un orden público legítimo.

Si bien el anclaje estatal tiene implicancias que alcanzan a toda la sociedad, es especialmente importante para los sectores postergados, discriminados y/o excluidos, quienes no tienen la posibilidad de “fugarse” de la Administración Pública mediante la contratación de servicios o el acceso a beneficios privados. En un contexto de turbulencias en los mercados, limitaciones en los arreglos institucionales para afrontar crisis de carácter global, fragmentación social, intenso cambio tecnológico, apatía y desconfianza ciudadana hacia la política y las instituciones públicas, uno de los problemas más importantes que enfrenta el Estado argentino es su debilidad para elaborar políticas públicas orientadas a satisfacer las crecientes demandas ciudadanas.

Si bien esta debilidad es consecuencia de diversos factores, hay uno en particular que es relevante: la asignatura todavía pendiente de (re) construir una función pública competente. Esta es una condición esencial en toda estrategia dirigida a fortalecer el aparato estatal dado que, bajo la conducción del nivel político, son estos funcionarios los que tienen a su cargo la tarea cotidiana de mover la maquinaria pública.

Bajo esta premisa, un grupo plural de académicos y ex responsables de áreas de gestión pública en gobiernos democráticos impulsamos un consenso orientado a la mejora del funcionariado estatal de nuestro país en todos los niveles y jurisdicciones (https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica).

Entre las principales líneas de acción propuestas por este consenso se encuentran el ingreso mediante examen abierto a la ciudadanía; la planificación estratégica y con sustentabilidad financiera de la planta de personal; la puesta en acción de carreras administrativas; la creación de un régimen de funcionariado civil superior; el cumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva; la liquidación de plantas irregulares; la inversión en capacitación y la constitución de un Consejo Nacional de la Función Pública con participación de los partidos políticos y de sectores sociales, empresariales, gremiales y académicos.

El Estado es el ancla indispensable de los derechos de la ciudadanía, ocupando el centro de la escena en la construcción de un orden público legítimo.

Si bien el anclaje estatal tiene implicancias que alcanzan a toda la sociedad, es especialmente importante para los sectores postergados, discriminados y/o excluidos, quienes no tienen la posibilidad de “fugarse” de la Administración Pública mediante la contratación de servicios o el acceso a beneficios privados. En un contexto de turbulencias en los mercados, limitaciones en los arreglos institucionales para afrontar crisis de carácter global, fragmentación social, intenso cambio tecnológico, apatía y desconfianza ciudadana hacia la política y las instituciones públicas, uno de los problemas más importantes que enfrenta el Estado argentino es su debilidad para elaborar políticas públicas orientadas a satisfacer las crecientes demandas ciudadanas.

Si bien esta debilidad es consecuencia de diversos factores, hay uno en particular que es relevante: la asignatura todavía pendiente de (re) construir una función pública competente. Esta es una condición esencial en toda estrategia dirigida a fortalecer el aparato estatal dado que, bajo la conducción del nivel político, son estos funcionarios los que tienen a su cargo la tarea cotidiana de mover la maquinaria pública.

Bajo esta premisa, un grupo plural de académicos y ex responsables de áreas de gestión pública en gobiernos democráticos impulsamos un consenso orientado a la mejora del funcionariado estatal de nuestro país en todos los niveles y jurisdicciones (https://sites.google.com/view/consenso-funcion-publica).

Entre las principales líneas de acción propuestas por este consenso se encuentran el ingreso mediante examen abierto a la ciudadanía; la planificación estratégica y con sustentabilidad financiera de la planta de personal; la puesta en acción de carreras administrativas; la creación de un régimen de funcionariado civil superior; el cumplimiento del derecho constitucional a la negociación colectiva; la liquidación de plantas irregulares; la inversión en capacitación y la constitución de un Consejo Nacional de la Función Pública con participación de los partidos políticos y de sectores sociales, empresariales, gremiales y académicos.

Un primer tema a destacar es el amplio y plural apoyo concitado. Es particularmente notorio que alrededor del “Consenso…” han confluido figuras que en otras esferas de lo partidario, lo político y lo conceptual tienen profundas diferencias.

Una lectura posible de esta situación podría originarse en lo errático y näif de las políticas de fortalecimiento estatal en Nación, Provincias y Municipios, una suerte de contracara de una situación paradojal: hay un reconocimiento continental a muchos cuadros técnicos y académicos argentinos que tiene como única excepción a nuestro país.

Creemos que esta conformidad generalizada expresa una suerte de hartazgo por parte de muchos de los expertos sobre la rutina gubernamental de “comprar” la última novedades -y lanzar la enésima modernización, que generalmente está vinculada a costosos paquetes de consultoría recomendados por los organismos multilaterales de crédito- que se han mostrado ineficientes para resolver lo básico.

¿Y qué es lo básico? En nuestra lectura, tiene que ver con resolver los desafíos planteados hace más de un siglo por autores como Max Weber: funcionamiento conforme a norma, carrera y estabilidad del cuadro administrativo, relevancia del conocimiento técnico que, sin embargo, debe subordinarse a lo político. Dicho de forma directa: el “consenso” marca un quiebre con las ideas gerencialistas, complemento lógico y/u obligado del ocaso de las políticas neoliberales. En octubre veremos si esto es así, o sea, si los expertos expresan más o menos correctamente el clima de época

Horacio Cao, Decano de la Facultad de Políticas Públicas y Gestión Ambiental (UMET)

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Nuevo modelo para gestionar lo público: planificación, consensos y profesionalismo

Nuevo modelo para gestionar lo público: planificación, consensos y profesionalismo

Hace 2000 años, Séneca decía: “Nunca tendrás vientos favorables si no sabes adonde vas”. Esta frase resume la idea del planeamiento estratégico, instrumento que sirve para marcar el rumbo; establecer objetivos y metas; identificar oportunidades y amenazas; conocer fortalezas y debilidades; generar políticas que reduzcan la brecha entre lo que tenemos y lo que queremos, establecer la “hoja de ruta” para llegar a la meta deseada.

Al poner en marcha lo planificado, nos enfrentaremos con problemas. Algunos llaman a esto “viento de frente”, a diferencia del “viento de cola” que favorece nuestro impulso hacia el destino final. Sin embargo, una vieja frase de marineros dice: “No podemos cambiar los vientos, pero si ajustar las velas”; esto significa que, para un buen capitán, siempre es posible orientar el barco hacia el objetivo, aunque a veces sea necesario “zigzaguear” y cambiar la trayectoria.

Un plan estratégico de gobierno se puede armar “desde el escritorio”: un grupo de iluminados que, “trabajando en equipo”, se creen capaces de diseñar un plan para una comunidad, un sector económico o inclusive un país. Sabemos que este tipo de planes (conocidos como “planes libro”), solo tienen como destino final adornar los anaqueles de las bibliotecas.

¿Por qué sucede esto? Muy sencillo. Cuando el plan se pone en marcha, aparecen los actores políticos, económicos y sociales concretos, que desarrollan un juego social con intereses sectoriales contrapuestos entre sí: los empresarios quieren maximizar lucro, los trabajadores no quieren perder salario, los jubilados quieren comer todos los días, los políticos necesitan votos.

Un plan de gobierno debe elaborarse más allá del trabajo en equipo; es necesario salir del escritorio, ir en búsqueda de los actores reales y sumarlos al plan. La clave: transformar intereses individuales en bienestar colectivo a partir una visión compartida de futuro. En concreto, si no incorporamos a los actores, las bibliotecas seguirán llenándose de papeles. Nada mejor para sintetizar la idea del plan libro, que una letra de Los Beatles “he’s a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody” (traduccion libre: “un hombre de ningún lado, sentado en un país inexistente, haciendo planes para nadie”).

Planeamiento estratégico participativo es la propuesta. Un plan construido con rumbo y trayectoria, pero elaborado con la participación activa de todos los actores políticos, económicos y sociales. Solo de esa forma, un plan de gobierno se transforma en el plan de una comunidad organizada.

Todo lo anterior, ¿tiene valor a la hora de gestionar un gobierno? Lo tiene y mucho. Cuando los actores saben adónde va el Gobierno, cuáles son sus metas a corto, mediano y largo plazo, cómo piensa lograr lo que se propone y además participan en la elaboración del plan, allí si es posible pedir “pongamos el hombro”, sacrifiquemos algo hoy para obtener mas beneficios mañana, generemos un compromiso colectivo. Allí si se pueden establecer acuerdos de inversión, crecimiento y desarrollo equitativo. Consenso es la clave de un buen gobierno.

Todo lo anterior es imposible materializarlo sin una administración pública acorde a los desafíos que enfrentamos. Ello requiere de funcionarios públicos altamente preparados, competentes, imparciales, íntegros y comprometidos con los valores democráticos. Ellos tienen la enorme responsabilidad de gestionar recursos, bienes e información de todos; de regular, controlar, atender y responder a las demandas sociales; de evitar la cooptación por poderes fácticos, sectoriales y particulares asegurando el bien común; de impedir el derroche, el uso ineficaz y la corrupción, de atender los asuntos públicos, con imparcialidad, apego a la legalidad y velando por los derechos ciudadanos.

La ocupación de la burocracia pública por los clientelismos corporativos ha contribuido, entre otros factores, a deteriorar la capacidad del Estado y la calidad de sus políticas. Un servicio civil profesional es una institución y un patrimonio de la sociedad toda, y su preservación es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores que hacen a la gobernabilidad democrática.

Estas ideas llevaron a un calificado grupo de profesionales, académicos y cientistas sociales a elaborar una propuesta denominada “Consenso por una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI”, dando un primer gran paso hacia la generación de consensos y visiones compartidas para el futuro de una administración pública profesionalizada.

Es impostergable fomentar diálogos y acuerdos entre todos los actores en torno al imperativo de consolidar una política de Estado para el servicio civil y, para ello, los promotores de este Consenso han elaborado una propuesta cuyo texto completo puede verse en este link.

Los aspectos centrales de esta propuesta se basan en garantizar la igualdad y transparencia para los concursos de los funcionarios públicos; construir un servicio civil profesional con acreditación de idoneidad y buen desempeño; planificar estratégicamente y con sustentabilidad financiera los planteles de personal; institucionalizar un régimen de funcionariado civil superior de carrera; evitar la discriminación negativa, en especial en materia de género, precarización o subcontratación laboral; invertir en capacitación y actualización tecnológica; jerarquizar y fortalecer los órganos a cargo de la gestión de las políticas de la función pública.

Ya son más de 600 los adherentes a esta propuesta. Invito a todos aquellos interesados en ingresar a la referida página web, interiorizarse de sus contenidos y sumarse a este emprendimiento que garantizara un mejor futuro para todos nosotros.

(*) Profesor Consulto Facultad de Ciencias Económicas / UBA.

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