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Presentamos una interesante reflexión que alerta sobre las desigualdades en las áreas tecnológicas, también llamadas áreas de sistemas o áreas IT, en las que no solo se encuentran menos mujeres que varones produciendo y desarrollando productos tecnológicos, sino que además es muy probable que no ocupen puestos de decisión.

¿Brecha digital de género … también en el sector público?
González Ivana

Las TIC han revolucionado el mundo, y han provocado un cambio profundo en el sector público. La digitalización ofrece oportunidades y ha transformado el acceso a los servicios, la interacción con los ciudadanos, y, por lo tanto, en la forma de gobernar.

Toda revolución contiene en su interior potenciales desigualdades, la tarea de un Estado inteligente consiste en identificarlas y aminorarlas. Entre las asimetrías que podemos visualizar se encuentra la brecha digital de género.

Su análisis implica no solo conocer las desigualdades entre varones y mujeres en el acceso, formación y uso de las tecnologías, sino también en la desigual distribución de recursos y posiciones de liderazgo en los entornos tecnológicos.

Diversos estudios demuestran que en el marco del “boom” tecnológico”, estos ámbitos de trabajo se encuentran profundamente masculinizados, con prácticas rígidas, y en muchos casos generan un mayor desequilibrio entre la vida personal y profesional. Las desigualdades de género en los ámbitos relacionados con las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas o más comúnmente denominadas áreas CTIM son un ejemplo ello.

Un estudio realizado por Basco, Lavena y Chicas en Tecnología (2019) sostiene que, a pesar de las innovaciones tecnológicas, las mujeres siguen enfrentando barreras de acceso y desarrollo como producto de la presencia de sesgos y estereotipos, que son reforzados desde niñas y que limitan e inciden en su desarrollo social y profesional.

El sector público, ha tomado nota de esta realidad y actualmente existen iniciativas de política pública tendientes a reducir esta brecha, que destacan la necesidad de potenciar la captación de talento femenino en aquellos cuerpos con base en educación CTIM y promover la formación de las funcionarias que ya forman parte de la administración.

Estos objetivos se insertan en los fijados por las Naciones Unidas para garantizar la igualdad como principio universal, y asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género, trabajo decente y garantía de igualdad de oportunidades.

En el caso de nuestro país, la administración pública a nivel nacional ha realizado importantes avances en garantizar dotaciones paritarias, vale señalar que, según el último Informe Trimestral de Empleo Público de 2021, en la actualidad el 50,2 % de los puestos de trabajo del personal civil de la administración nacional y los entes públicos son ocupados por mujeres, aunque aún persisten importantes desigualdades a medida que ascendemos en la escala de decisión.

En el marco de la investigación que vengo desarrollando, mi hipótesis es que, si ponemos la lupa en las áreas tecnológicas, más comúnmente llamadas áreas de sistemas o áreas IT, no solo encontraremos menos mujeres que varones produciendo y desarrollando productos tecnológicos, sino que además es muy probable que no ocupen puestos de decisión.

Siguiendo a Ana Castellani, es cierto que la brecha mayor está en los cargos de autoridad superior, y eso es un problema porque esa es la instancia en que se formulan las políticas públicas con concentración o predominancia masculina. Sin embargo, también es real, que existen áreas que se ocupan de la cuestión tecnológica donde las conducciones son femeninas, y esto es sumamente interesante porque desde estos espacios se impulsan políticas orientadas a la reducción de la brecha digital de género.

En resumen, el contexto actual dibuja un panorama en que las áreas IT cobran más protagonismo y se convierten en el corazón operativo de la organizaciones; en el sector privado estas áreas tienden a adaptarse desarrollando nuevas metodologías, nuevos soportes al desarrollo, y nuevas formas organizacionales, y en muchos casos potencian acciones para retener talento femenino.
En el ámbito público, existen mayores dificultades para su conformación porque deben enfrentar problemas de escasez de personal, alta rotación, y competencia con el mercado en términos de brecha salarial para la mayoría de los perfiles. Sumado a ello, el esquema de carrera montada muchas veces no se compatibiliza con la autonomía por ejemplo de los desarrolladores, lo que hace difícil el reclutamiento independientemente del género.

En este contexto, en el que es imprescindible la adaptación del aparato público a las transformaciones permanentes, es de vital importancia comenzar a poner los esfuerzos en impulsar y retener perfiles técnicos que involucren en mayor medida la participación de mujeres en la decisión y producción de conocimiento tecnológico, evaluar que obstáculos impiden atraer y retener talento femenino en los equipos digitales y profundizar los esfuerzos de política pública que se vienen haciendo para lograr, no solo estructuras paritarias sino también para generar incentivos diferenciales para cerrar las brechas de desigualdad.

Maximiliano Campos Ríos (@Maxicamposrios).
Prof. Titular de la Universidad de Buenos Aires.

La participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones políticas en todos los niveles es un factor indispensable para alcanzar la igualdad de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030.

El pasado viernes 11 de febrero, el presidente Alberto Fernández firmó la instrucción presidencial “Participación equitativa de los géneros en la designación de Autoridades Superiores”. Con este instrumento, que es una comunicación interna del Gobierno, el presidente informó a su Gabinete que, junto con el pedido de designación de nuevas autoridades superiores, cada ministerio deberá adjuntar un informe sobre la situación de la participación de género en este tipo de puestos jerárquicos. Las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional son la Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios, las secretarías y subsecretarías de Estado.

Como menciona el documento, el objetivo de esta decisión es tender a la equidad de género en los cargos superiores de la Administración Pública Nacional, con el fin de ampliar la participación política de las mujeres en las esferas de tomas de decisiones. En relación con esto, en el 2009 se sancionó la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, que modificó el Código Electoral Nacional al disponer que las listas de candidaturas a las Cámaras de Diputados, de Senadores y al Parlamento del Mercosur deban contener un 50% de candidatas mujeres de forma intercalada. Así, Argentina reforzó los compromisos asumidos en las diferentes conferencias internacionales sobre el rol de la mujer en la política y su participación en la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de los avances registrados, la participación femenina en el Gabinete nacional continúa siendo minoritaria y no hay ninguna norma que la regule.

La Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres realizó en el 2020 un relevamiento mundial sobre la participación de las mujeres en los gobiernos, gabinetes y parlamentos, y elaboró el mapa “Mujeres en la política: 2020”(1). Al 1° de enero del 2020, las mujeres ocupaban solamente el 21% de los ministerios a nivel mundial, de un total de 190 países analizados, y dentro de ese escenario, nada más que 14 países tenían gabinetes paritarios, es decir, que alcanzaban un 50% o más en la representación de las mujeres. De acuerdo con este relevamiento, Argentina ocupaba la posición 76 con un 22,7% de mujeres en el Gabinete, mientras que España estaba a la cabeza del ranking con 66,7% de ministerios dirigidos por mujeres, seguida por Finlandia con el 61,1%. En lo que respecta a América Latina, el informe mostraba que, hasta el 2020, Nicaragua, Colombia, Perú y Costa Rica contaban con gabinetes paritarios. A su vez, este análisis identificaba que existe un patrón que se repite en la mayoría de los países en el que las mujeres son asignadas a las áreas consideradas “femeninas”, tales como los ministerios de Familia/Niñez/Juventud/Adultos Mayores/Discapacidad, seguidas por Asuntos Sociales/Medio Ambiente/Recursos Naturales/Energía, luego por Empleo/Trabajo/Formación Vocacional y finalmente por Asuntos de la Mujer/Igualdad de Género.

Según el informe de enero del 2022 del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL(2), en la región los países que tienen gabinetes paritarios continúan siendo Costa Rica, Colombia y Nicaragua, mientras que en Argentina la participación ministerial de las mujeres es de 13,3%. El análisis del Observatorio muestra que en América Latina la participación femenina en gabinetes ministeriales es solo del 28,5% e identifica, al igual que el informe de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, que las áreas de mayor presencia son las relativas a temas sociales, en detrimento de las políticas y económicas.

Como se ve, a pesar de las conferencias internacionales sobre los derechos políticos y la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles, las expectativas de gobiernos paritarios en América Latina siguen siendo tareas pendientes. En lo que respecta a la Argentina, de acuerdo con el informe publicado en enero del 2022 por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Jefatura de Gabinete, que muestra la distribución por género en la estructura organizativa de Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional(3), las mujeres ocupan el 10% de los ministerios, el 39% de las secretarías y el 41% de las subsecretarías. Esto da por resultado que el 62% de las Autoridades Superiores son hombres y el 38% son mujeres. Por ello, la instrucción presidencial tendiente a la participación equitativa de género en estas esferas es un paso en el proceso de cierre de la brecha de género, pero debe ser acompañado por una ampliación de la participación femenina en todas las esferas estatales para que podamos hablar de equidad. Ejemplo de ello son las empresas del Estado o los sindicatos, en donde esta brecha es aún mayor.

La igualdad de hombres y mujeres es un indicador de la salud democrática en nuestras sociedades contemporáneas, y la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad de condiciones son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030 con los que Argentina está comprometida. Sin embargo, los datos muestran que actualmente esta participación es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones, por lo que alcanzar la paridad de género es la meta con la que nuestra democracia se debe comprometer.

(1)- UIP y ONU Mujeres. Mujeres en la política: 2020. https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/03/women-in-politics-map-2020

(2)- Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Poder ejecutivo: porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales. https://oig.cepal.org/es/indicadores/poder-ejecutivo-porcentaje-mujeres-gabinetes-ministeriales

(3)- Dirección Nacional de Diseño Organizacional. Informe sobre la Estructura Organizativa de la Administración Pública Nacional Centralizada (APN Central). Autoridades Superiores (As). https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/datos/STAS001/202202/20220130_composicion-apn-central_as.pdf

Quisiera agradecer a IPPA, a sus autoridades y al jurado que decidió concederme este reconocimiento.

He tenido una larga carrera académica y recibí diversas distinciones, pero aprecio ésta en particular, por dos razones: se relaciona con las dos áreas principales a las que he dedicado mi trabajo (políticas públicas y administración pública) y, especialmente, porque resultó de la iniciativa y apoyo de muchos respetados colegas de diferentes partes del mundo.

Quiero compartir algunas reflexiones con las nuevas generaciones, con mis colegas más jóvenes que recién comienzan sus carreras académicas. Algunas personas creen que soy historiador, porque escribí un conocido libro sobre formación del estado; o urbanista, porque otro influyente libro se dedicó a la erradicación de residentes pobres por parte de un régimen militar; o economista, porque el tema de otro libro versó sobre reforma agraria. Mi primer mensaje es: no teman cruzar fronteras disciplinarias; las ciencias sociales son un campo “sin costuras”.

Un segundo pensamiento: de ser posible, traten de alternar entre el trabajo académico y el de consultoría o gestión, y viceversa. La actividad de asistencia técnica o la de gestión son siempre un estímulo para la tarea de creación académica; y a su vez, la actividad académica ayuda a comprender la realidad. Debo haber escrito unos 200 papers, pero también conduje alrededor de 100 proyectos de consultoría que me ayudaron enormemente a iluminar mi trabajo teórico.

Tercera reflexión: traten de trabajar en las ciencias sociales en distintas capacidades: como docentes e investigadores, por supuesto. Pero también como constructores institucionales, consultores, gerentes, formuladores de políticas, periodistas y así sucesivamente. Pude asumir estos diferentes roles y encontré que ampliaban mi perspectiva como académico.

Un punto final: traten de no anclarse en un único campo especializado. Renueven sus intereses de investigación, formulen nuevas preguntas, exploren nuevas áreas de preocupación. Siempre habrá que pagar un derecho de piso, insume un gran esfuerzo identificar cuáles son las principales cuestiones, preguntas y variables, pero el esfuerzo vale la pena. Para escribir mi último libro, “El Estado en la Era Exponencial”, tuve que aprenderlo todo, desde TIC a robótica, internet de las cosas, automatización, criptomonedas y así sucesivamente.

A lo largo de esta trayectoria académica, descubrirán finalmente que la siembra exigió un enorme esfuerzo pero, créanme, la cosecha lo recompensará ampliamente.

Muchas gracias.