PRESENTACIÓN
Una vez más tenemos ocasión de informarnos acerca de carencias, pero también de impulsos de avances en materia de profesionalizar al funcionariado directivo superior. En este caso, nuestro socio Gonzalo Macco se refiere al estado de situación en la Provincia de Santa Fe, la que ha contado con una experiencia interesante pero discontinuada. Según nos informa, pareciera haber iniciativas y de diversos partidos políticos para retomar con nuevos enfoques estas tendencias.

Mg. Gonzalo Macco
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La agenda política de los gobiernos nacionales y/o provinciales pos-pandemia, debe sin dudas centrarse en consolidar la Alta Dirección Publica (ADP) de los poderes ejecutivos para poder de este modo recuperar la confianza de los ciudadanos.
Consolidar la ADP consiste en “colocar a los más expertos en los lugares adecuados, para que los esfuerzos presupuestarios y humanos tengan mayores posibilidades de acierto y sus logros perduren en el tiempo” resultando necesario llegar a un acuerdo entre los distintos espacios políticos en los aspectos básicos de la vida social.

Resulta fundamental evitar la fuga de los expertos y desarrollar las competencias directivas, considerado un factor crítico para mejorar el desempeño de la administración pública y los procesos de modernización (Kuperus y Rode).
La provincia de Santa Fe no es ajena a esta situación. La causa primogénita de esto se debe a que la Ley de empleo público provincial Nro. 8525/1979, que reglamenta la ADP, data del año 1979 lo cual implica un desfasaje en el tiempo de las competencias exigidas para encaminar la administración pública de ese momento con las demandas actuales de la sociedad. Sin lugar a duda, las realidades sociales cambiaron; la gestión pública dejó de ser un “oficio” para convertirse en una “profesión”.
Posteriormente existieron algunos proyectos que jerarquizaron la dirección pública provincial. Ejemplo de ello es la creación por medio del Decreto N° 2451 del año 1992 del ex Gobernador Carlos Alberto Reutemann, de los administradores gubernamentales provinciales, que tuvo su origen en la “necesidad del Poder Ejecutivo de impulsar la formación especializada de profesionales que, con actitud para el cambio, desarrollen y formulen estrategias renovadoras para el mejoramiento integral de la organización administrativa del Estado”.

Hace más de dos décadas que no se realizan convocatorias para conformar un nuevo cuerpo de administradores gubernamentales, ni se puso en agenda una reforma de la ley provincial de empleo público, siendo éste el punto de partida por el que debemos comenzar.
En primer lugar, reestructurar la Alta Dirección Pública Provincial requiere el reconocimiento por parte de los grupos gobernantes de la importancia de dichas modificaciones, pues para lograr cambios burocráticos necesitamos amplios consensos no solo partidarios, sino también sindicales.

En segundo lugar, el pilar de la reforma debe ser la profesionalización de la dirección pública; que la misma cuente con las competencias necesarias capaz de comandar de forma eficaz y eficiente el estado provincial y que pueda dentro de sus facultades, maniobrar la administración pública, siempre bajo la órbita y la toma de decisiones del poder ejecutivo de turno.

Actualmente en la legislatura santafesina existen diversos proyectos, que cuentan con estado parlamentario y que buscan reivindicar y afianzar la profesionalización de los altos cargos.

Tanto la Unión Cívica Radical (UCR) como el Partido FE (de origen peronista), presentaron proyectos sumamente interesantes que plantean relanzar el cuerpo de administradores gubernamentales (UCR) o el cuerpo de innovadores gubernamentales (Partido FE) con el objetivo crear un cuerpo de profesionales que gocen de un conocimiento de vanguardia en materia de innovación y de gestión pública, capaces de seleccionar las mejores herramientas que movilicen cambios de calidad en el sector público provincial, radicando básicamente la diferencia en la etapa formativa previa a la inserción de los postulantes a la administración pública provincial, como así también distan en cuanto al nivel de profesionalización exigido, estableciendo el proyecto de ley que crea el cuerpo de innovación gubernamentales requisitos profesionales más cercanos y similares a los dispuestos por el SINEP para ser Director Nacional.

Es nuestro anhelo que estas iniciativas se repliquen en la legislatura provincial santafesina; que esta temática logre permanecer en la agenda política, y que se generen los consensos necesarios claves para el diseño del espacio directivo público profesional. Para que de este modo se constituya una ADP altamente capacitada para la generación del valor público en la provincia de Santa Fe.

CV

Gonzalo Macco, abogado UNR, Mg. Gestión Pública UNR. Subsecretario de Hacienda y Economía de la Municipalidad de Capitán Bermúdez (2011 – 2015). Asesor de la Subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (20016-2019)

Actualmente Asesor de la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe y Director Provincial de Coordinación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe