La pandemia del coronavirus está generando efectos sin precedentes en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo y por ende, en nuestro país. Son evidentes los reclamos ciudadanos para una presencia activa, solidaria, inteligente, ágil e impoluta del Estado y de la gestión de la Administración Pública.

En Argentina, un nuevo elenco de Gobierno ha debido hacerse cargo de un problema que nos viene de fuera junto con una saga de problemas heredados del reciente -y no tan reciente- pasado. No habían acabado de desembarcar autoridades y consejeros de esa nueva gestión, cuando además de la recesión económica, la vida de los argentinos ha quedado seriamente amenazada con la llegada del virus.

Se observan los esfuerzos titánicos tanto de los equipos de trabajo que auxilian, como de las máximas autoridades ante la emergencia sanitaria. Por su parte, un número importante de funcionarios contribuye desde sus hogares al esfuerzo colectivo de frenar el contagio comunitario, mientras se refuerzan las dotaciones para actividades indispensables, equipos de salud y complementarios ante la posible llegada del embate viral. En las administraciones públicas de todo el país, una buena proporción de su personal, además, trabaja a distancia, adaptándose a esta nueva realidad, para prestar servicios esenciales, asegurando la continuidad de las acciones en áreas críticas.

Ahora bien, en la mayoría de los países se percibe el contundente reclamo por un “Estado Presente” para dar respuesta a esta emergencia sanitaria. Ello ha hecho aflorar la conciencia colectiva sobre una serie de problemáticas de alta complejidad, políticas, sociales, económicas, ecológicas de nivel regional como internacional, que el “mercado” y la competencia entre los poderosos no están siendo capaces de enfrentar, con visión solidaria e inclusiva, de la mayoría de la población.

Para que esas capacidades estatales sean efectivas y legítimas, se requiere contar con una Administración Pública a la altura de tales desafíos. Y ella solo puede ponerse a esa altura, cuando cuenta con una dotación de personal competente en sus tareas, honesto y austero con el uso de los recursos públicos, comprometidos en sus funciones con el respeto a la legalidad como expresión política de su país y a los Gobiernos que lo conducen. Pero, sobre todo involucrados ética, profesional y personalmente con el servicio de calidad que merece el público, quien le da sentido a su trabajo, solventa sus salarios y justifica su existencia. Es que en realidad son ciudadanos al servicio de los demás ciudadanos, es decir portadores de valores, aspiraciones e intereses de todos. A tal punto que algunos de ellos, llegan a arriesgan su salud y la vida en estas difíciles circunstancias del COVID19.

Más allá de las fuerzas armadas y de seguridad, de defensa civil, de los servicios de previsión y atención social, y de sostén de todos ellos, como primeras líneas de servicio contra el virus, existen segundas y terceras líneas de funcionarios que no aparecen, pero están, aportando desde diversos ángulos a la salida eficaz de la emergencia y de la crisis socio económica que habrá que afrontar post-pandemia.

Asimismo, las capacidades del Estado y de su Administración requieren de una infraestructura y de recursos físicos y tecnológicos a la altura de las circunstancias. La digitalización en la sociedad pasó a ser indispensable para que el mundo continúe su marcha. La población también es testigo que las inversiones en modernizar tecnológicamente algunas áreas en las últimas décadas está dando sus frutos. La vinculación tecnológica aportó mucho en las diferentes gestiones.

El proceso de transformación digital del sector público está mostrando agilidad en respuestas rápidamente. Un caso reciente es la app de autoevaluación de síntomas de Coronavirus COVID-19. Esta innovadora aplicación para dispositivos móviles permite a las personas realizar un auto test del coronavirus, y conocer novedades sobre el desarrollo de la pandemia y las medidas adoptadas por las autoridades para mitigar sus efectos. También, el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) – Covid-19 se obtiene en línea y, en la web de la Anses, se logra efectivamente la inscripción y validación para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) depara trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

Asimismo, desde el Ministerio de Salud, se implementó una serie de medidas para fortalecer al personal, incorporando más de 15.000 profesionales a los que se los capacita y monitorea a través de un sistema de telemedicina para afrontar el crecimiento de casos de coronavirus. Mediante el mismo, expertos de la “Sociedad Argentina de Terapia Intensiva”, supervisan los 800 centros de terapia intensiva del país para discutir cada caso, con los profesionales que las atienden localmente.

De allí que haya que cuidar muy especialmente, y más en las urgencias del presente, una imagen del servicio público preservada de los “mantos de sospechas”. Ya que, bajo ese “manto”, se mezcla indebidamente a culpables e inocentes tirando por la borda las conductas que hoy merecen aplausos, así como todos los esfuerzos de innovación que se van introduciendo en la gestión. Ese valor público queda fuera de alcance, comprensión y valoración social, y se continúa alimentando un malestar colectivo, aunque silenciado en alguna medida en escenarios de crisis como los actuales. Sin tener una mirada ingenua, creemos que esto obliga a reflexionar sobre el trabajo estatal para valorar y visibilizar diferentes tipos de saberes construidos desde y sobre lo público, localizables en organizaciones estatales de alto impacto en nuestras calidades de vida. Ellas junto a organizaciones de la sociedad civil se complementan, y se deben complementar, para beneficio de todos.

Las organizaciones públicas no son eslabones perdidos ni abstracciones sin nombres ni apellidos. Por el contrario, son habitadas y actuadas por personas con trayectorias y prácticas diversas en las que se articulan desempeños competentes y meritorios, con recorridos formativos y de gestión, que sostienen las múltiples actividades que requiere el país. De allí que sea imperioso ir proyectando y acordando regímenes de empleo público y de carrera y profesionalización de funcionarios con un elevado compromiso ético y alta especialización profesional.

En este sentido, se va haciendo cada vez más evidente la necesidad de una colaboración abierta para que las administraciones cuenten con herramientas y apoyo de carácter tecnológico para facilitar el desempeño de sus funciones. Así, por caso, por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, establece que las trabajadoras y trabajadores de la Administración Pública Nacional en sus diversas modalidades de contratación, no deben concurrir a sus lugares de trabajo, pero deben realizar sus tareas, en lo posible, donde cumplan el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El teletrabajo ya había llegado pero ahora ha irrumpido en una dimensión e intensidad insospechada y no debidamente prevista. Se carece aún de un instrumento jurídico específicamente redactado para ello, así como de condiciones y equipamiento necesario, el que se está supliendo con la dedicación y entrega de cada empleado público afectado con las herramientas que cuenta a nivel personal.

De ello se deriva, que resulta impostergable capacitar y certificar competencias en teletrabajo con miras a fortalecer las capacidades de los gobiernos y de las administraciones. Pero esta cuestión es solo un indicio de la profunda innovación tecnológica pendiente.

No hay más tiempo ni espacio para la improvisación. Necesitamos un servicio civil profesional, el que es -y debe ser- una institución y un patrimonio de la sociedad toda. Cuya reconfiguración es una responsabilidad del conjunto de los partidos políticos y demás actores gremiales, empresarios, académicos, dirigentes, entre otros, que hacen a la gobernabilidad y gobernanza democráticas del país.

Así, pareciera necesario establecer una “red nacional con acuerdo federal”, para contribuir a la coordinación de acciones mancomunadas de instituciones tecnológicas, centros de gestión, escuelas de Administración Pública en todos los Poderes y niveles de Gobierno, y del sistema universitario para asegurar que todo funcionario, y en todo el país, cuente con la capacitación que requiera sus tareas.

Pero también, con regímenes de empleo dignos y decentes que aseguren la idoneidad permanentemente actualizada, y la acreditación de desempeños laborales efectivos, como criterios de promoción, en contextos laborales que luzcan trabajos dignos y decentes. Si bien en la actualidad existen esfuerzos e iniciativas puntuales tendientes para mejorar la formación en términos de calidad y eficiencia, resulta necesario coordinar las mismas de manera integral, a efectos de generar la necesaria articulación para aprovechar la sinergia resultante de esfuerzos conjuntos.

Estas cuestiones deben articularse con desarrollos tecnológicos apropiados para potenciar una gestión estatal eficaz, focalizada en el bien común y el servicio al ciudadano. En ellas, cabe resaltar la importancia de revalorizar a las unidades de vinculación tecnológica en el país.

Ellas son entidades habilitadas jurídicamente para la identificación, selección y formulación de proyectos de investigación y desarrollo, para la transferencia de tecnología y asistencia técnica, mediante la facilitación del encuentro del sector privado y público en los esfuerzos de mejorar sus respectivas organizaciones, instrumentar proyectos y realizar trabajos sistemáticos de profundización de los conocimientos existentes, derivados de la investigación y/o la experiencia práctica.

Cuando el tiempo diga que la pandemia se encuentra en retirada, se iniciará el momento en el que la sociedad tendrá que explorar y acordar cuales son los cambios institucionales necesarios para la constitución robusta de una función pública profesional para el conjunto del Estado. Se deberá atender especialmente a la construcción de consensos entre los diversos actores concernidos para materializar una política sostenible para consolidar esa realidad que hoy nos atiende mientras permanecemos en nuestros hogares. En el entretanto, vale iniciar el ciclo de propuestas, proyecciones y diálogos, para que el día D+1 nos encuentre suficientemente preparados. Una vez más, lo importante es no demorar más e ir a lo concreto.

Eduardo Salas es Docente Universitario y miembro de la Argentina de Estudios de Administración Pública. Firma también esta nota Fabián Ruocco, presidente ejecutivo del Cedyat (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica ). Unidad de Vinculación Tecnológica.

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